La IRU pide un plazo fijo de 30 días para pagar el transporte, mientras la reforma europea sigue bloqueada

La IRU publicó el 8 de octubre una posición que pide un plazo máximo de 30 días naturales para pagar cualquier servicio de transporte de mercancías por carretera — sin excepciones, aplicable tanto a contratos entre empresas como a contratos con entidades públicas. La organización defiende además que cualquier procedimiento de aceptación o verificación de la carga debe caber dentro de esos 30 días, sin que pueda usarse para retrasar el pago. Según la IRU, la medida protege sobre todo a las pymes y microempresas del sector, con menos poder de negociación y menos reservas financieras para aguantar retrasos — la Comisión Europea estima que el 60% de las empresas de transporte no invierten en soluciones más limpias por culpa de esos retrasos.

Una reforma europea parada desde 2024

La propuesta que fijaría ese límite de 30 días como plazo máximo estándar en la Unión Europea fue presentada por la Comisión Europea en septiembre de 2023. El Parlamento Europeo aprobó su posición en primera lectura el 23 de abril de 2024, después de que la comisión de mercado interior (IMCO) la adoptara en marzo de ese año. Desde entonces, la reforma está bloqueada, a la espera de la posición del Consejo de la UE: los Estados miembros no se ponen de acuerdo sobre el límite fijo de 30 días ni sobre la forma jurídica de la norma — reglamento o directiva. En marzo de 2025, las confederaciones patronales BusinessEurope, EuroCommerce y Eurochambres pidieron a la Comisión que retirara la propuesta. No hay fecha acordada para que la reforma avance.

En España, un 38% paga fuera del plazo legal de 60 días

Mientras la reforma europea no avanza, cada país mantiene su propio régimen. En España, el límite legal es de 60 días, con un régimen sancionador en vigor desde octubre de 2021. El observatorio de Fenadismer sitúa la espera media en 52 días en agosto de 2026 — el valor más bajo de la serie, después de 53 días en abril y junio, 59 días en diciembre de 2025 y 83 días en 2021. Aun así, el 38% de los clientes pagó fuera del plazo legal en agosto: de ellos, el 76% tardó entre 60 y 90 días, y el 6% más de 120 días.

Para quien transporta desde la Península Ibérica hacia Francia u otro destino europeo, el plazo de pago aplicable depende del contrato y del país del cliente — y sigue, por ahora, sin un límite común europeo que proteja al transportista independientemente de dónde facture. La posición de la IRU es un recordatorio de que la presión sobre el flujo de caja de las transportistas sigue siendo un tema abierto en Bruselas, sin plazo para resolverse.